SE PRESENTÓ EL REGISTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE PERSONAS MENORES EXTRAVIADAS


18 de agosto
La actividad comenzó a las 10 con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Marcelo Salgado, y del coordinador de Relaciones Institucionales, Hugo Lamadrid.
Estuvieron presentes también, la diputada María Barrios, el jefe de la Policía provincial, comisario general Héctor Hugo Lisboa; el prefecto principal Hugo García, Juan Carlos Fernández, de la agrupación H.I.J.O.S., representantes de escuelas, funcionarios de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social que tienen a su cargo hogares y las Casas del Sol, personal de centros de salud y de juzgados de Familia, funcionarios policiales y representantes de organizaciones no gubernamentales.
En esta presentación se habló sobre la historia del registro, el funcionamiento del mismo y la necesidad de crear redes formales con funcionarios de la Subsecretaría de DD.HH. de la provincia, fuerzas nacionales y provinciales. También de coordinar acciones para establecer un nexo que centralice la información de los casos de niños y adolescentes extraviados en la provincia.
“La idea es la creación de redes formales para propiciar la intervención rápida de la Justicia”, expresó Lamadrid abriendo la presentación, quien agregó: “La idea es recorrer el país y hacer conocer el registro, debemos saber qué hacer cuando un menor se pierde”.
Por su parte, Salgado manifestó: “La desaparición de un niño, niña o adolescente requiere de una respuesta inmediata, ya que cualquier denuncia de la desaparición es muy grave. Actualmente existe una informalidad muy grande a la hora de recuperar a una persona extraviada. Depende de nosotros articular y armar ese rompecabezas”.
La sustracción de menores no sólo es un delito en sí mismo sino que es un factor multiplicador de otras conductas delictivas, en tanto que frecuentemente, resulta ser el medio para la comisión de otros hechos ilícitos como la venta y el tráfico de niños, la prostitución y la pornografía infantil, la explotación laboral, la irregularidad en los procesos de adopción y la venta de órganos.