"CAPACITACIÓN A PUEBLOS ORIGINARIOS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL"

La Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia lanzó hoy jueves 20 a las 9.30hs en una conferencia de prensa realizada en el Centro Cultural "Leopoldo Marechal", una serie de capacitaciones para pueblos originarios sobre Derechos Humanos y violencia Institucional.

En la conferencia estuvieron presentes, Marcelo Salgado, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia del Chaco; Claudio Largo, Director de cultura de asuntos indígenas; Carlos Núñez, dirigente de la Asociación 19 de Abril; la Dra. Silvina Canteros, coordinadora del Área de Protección de la Subsecretaria de Derechos Humanos; y por parte del Observatorio por el Buen Trato Institucional, Paola Varela directora de promoción y el Dr. Cristian Gaczynski, asesor legal del Observatorio .

La serie de capacitaciones se llevarán a cabo en conjunto con la, Dirección de Cultura de Pueblos Originarios y la Organización 19 de Abril, que comenzará con la instrucción en la prevención ante la violencia institucional de promotores de la comunidad aborigen de nuestra provincia para que ellos mismos sean los que capaciten a sus hermanos.


informe preliminar sobre la situación en comisarías

Junto con la presentación de las capacitaciones se lanzó un "informe preliminar sobre la situación en comisarías del área metropolitana de la provincia del chaco", primer informe elaborado por el “Observatorio por el Buen Trato Institucional” que funciona bajo la órbita de la subsecretaría.

En este primer informe el cual cabe destacar que se realizará semestralmente, se hizo un relevamiento de los 17 centros de detención que se encuentran en el área metropolitana y en los cuales se comprobó el estado de deterioro con escaso mantenimiento e infraestructura inadecuada, lo que indica condiciones de trabajo no acordes a los parámetros de seguridad y salubridad recomendados tanto para el personal policial como para los detenidos. Así el Observatorio se propone como una herramienta para la formulación de políticas públicas para la protección de los derechos civiles de los ciudadanos, retomando una función esencial de Estado que durante los años anteriores se había abandonado.-

El informe se encuentra estructurado en cuatro grandes ejes, que resaltan la responsabilidad de los tres poderes del Estado:

- En primer lugar se analizaron los antecedentes que determinaron la creación del proyecto, esto es el acuerdo de solución amistosa dado en el marco de la causa “Juan Ángel Greco” en 2003 donde se estableció el reconocimiento de la responsabilidad objetiva de la Provincia del Chaco y ésta se compromete a continuar impulsando medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de los Derechos Humanos. También la condena que pesa sobre la Republica Argentina sobre el caso “Walter Bulacio”, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho “La forma en que se trata a un detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto” y “el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos, lo cual implica, entre otras cosas, que le corresponde explicar lo que suceda a las personas que se encuentran bajo su custodia”.

- En segundo lugar se efectuó un relevamiento de las condiciones materiales -que en la realidad se constataron conforme las visitas realizadas en los centros de detención que fueron objeto de observación- de las comisarías del área metropolitana. Allí se destacan además la falta de separación en categorías de los detenidos (menores conviviendo con mayores, y procesados y penados con detenidos por contravenciones); alegaciones de requisas violentas y la falta de capacitación del personal policial en materia de tratamiento de personas detenidas. También la falta de acompañamiento psicológico del personal policial.-

- En tercer lugar, se describió la morosidad judicial en la tramitación de las causas que se tramitan ante las fiscalias de investigaciones penales respecto a apremios ilegales, vejaciones en actos de servicio y torturas.-

Por ultimo, se efectuó un análisis de la practica institucional de detención por averiguación de antecedentes y medios de vida (consagrada en la Ley Orgánica Policial) y por faltas contravencionales (repetidamente desorden y falta de respeto a la autoridad policial) habilitada por una legislación que permite la detención sin orden judicial previa.

“La idea es fortalecer previniendo, no trabajando para, sino en conjunto” expresó Claudio Largo en representación de los pueblos originarios.

“Creemos firmemente que no existe una antítesis entre derechos humanos y seguridad; que los funcionarios policiales como materialización del Estado están habilitados al uso de la fuerza aunque bajo los criterios de necesidad racional y proporcionalidad pero pero una vez concluida la acción, automáticamente el mismo funcionario pasa a ser “garante” y “custodio” de los derechos y la dignidad del detenido y el sistema judicial de esclarecer si ese sujeto es responsable o no del delito, ya que en nuestro sistema penal, rige el principio de inocencia".Expreso el subsecretario Marcelo Salgado en la charla.